Altos cargos compraron presuntamente esos equipos meses antes de que se produjeran grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña
La cúpula policial en tiempos del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz disponía de la tecnología suficiente para poder interceptar y grabar conversaciones e información de teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos sin autorización judicial. El director adjunto operativo, Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Fuentes Gago, compraron presuntamente esos equipos de forma clandestina a la empresa israelí Raizone Group meses antes de que se produjeran las grabaciones ilegales al ministro y el exjefe de la Oficina Anticorrupción de Cataluña, así como una reunión entre policías y miembros del CNI.
El que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional y responsable de la comisión judicial de los casos Nicolay y Villarejo, Marcelino Martín Blas, presentó el viernes pasado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, en el que adjuntaba pruebas de la citada compra de material de espionaje telefónico, que vinculaba con las dos citadas grabaciones ilegales. La primera se investigó sin que se llegará a conclusiones fehacientes, y la segunda sigue abierta en una pieza separada en la que figura como investigado por revelación de secretos el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Junto al escrito, el abogado de Martín Blas presenta documentación acreditativa de que Pino y Fuentes Gago adquirieron de forma oculta el citado material a Raizone Group en el verano de 2014. Las pruebas presentadas fueron remitidas al comisario ya retirado por un policía de Asuntos Internos, al que apodan Lionel, los días 16 y 18 de octubre pasados. Entre estos documentos están dos cartas con membrete de Eugenio Pino Sánchez (director adjunto operativo hasta hace unos meses), en las que figuran la propuesta económica de la compra y un informe sobre correos electrónicos remitidos el 31 de julio de 2014.