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Crisis management en Latinoamérica

    Somos contratados por una empresa de gestión hotelera Española para ofrecer soporte en la resolución de un conflicto con algunos de los socios locales con quienes explotan su actividad en distintos países de Iberoamérica, los cuales al parecer podrían estar malversando fondos de la sociedad y desviando activos a sociedades paralelas controladas exclusivamente por ellos.

    Por nuestra parte, nuestro equipo de inteligencia realizó un primer estudio con el fin de determinar el impacto económico y el riesgo operativo al que se enfrentaba el cliente en todo este conflicto.

    Se establecieron centros de operaciones desde los que se seleccionaron a los distintos equipos legales con los que defender los intereses del cliente y se identificaron actores de influencia que ayudaran y dieran soporte a nuestros intereses a fin de conseguir, cuanto antes, el cese de las actividades delictivas de la contraparte, condición indispensable para poder alcanzar un acuerdo que permitiera al cliente reorganizar su actividad y sus operaciones con normalidad.

    En lo referente a seguridad, se analizaron los riesgos de cada país en los que se debía actuar para poder definir los niveles de seguridad a establecer sumando las realidades sociopolíticas de cada zona a las necesidades de seguridad derivadas de la situación de conflicto coyuntural. De ese modo se pudieron implementar medidas de seguridad que garantizaran la integridad de los activos inmobiliarios de la empresa, la seguridad de las personas allí desplazadas y de la información contenida en los sistemas del cliente para evitar riesgos futuros.

    RESULTADO
    Toda la inteligencia generada en los países donde se produjeron los hechos permitió conocer de cerca las intenciones de la contraparte, así como el plan de acción que diseñaron para la conversión del fraude, pudiendo neutralizar en gran medida la estafa y consiguiendo un acuerdo extrajudicial que permitía al cliente retomar el control de sus empresas, recuperar gran parte de sus activos y ahorrar tiempo y recursos en complejos procesos judiciales que hubieran durado años en resolverse con el evidente perjuicio para el cliente.