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Canal ético de comunicación o canal de denuncias

El pasado 21 de febrero de 2023 entró en vigor a través de su publicación en el BOE, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La citada ley, ya en vigor, es el resultado de la trasposición de una Directiva Europea e introduce elementos relevantes de carácter normativo ya que afecta a todas las empresas de más de 50 trabajadores que deberán incorporar un sistema interno de información, el canal de denuncias, y establece un plazo 2 años de protección del empleado que haga un uso legítimo de este medio de reporte de incidencias.

El incumplimiento de esta norma puede conllevar sanciones de hasta un millón de euros, prohibición de obtener subvenciones de la administración durante 4 años o no poder licitar contratos con la administración en un pazo de 3 años.

El principal objetivo de esta ley es implementar, previa consulta con la representación legal de los trabajadores, un sistema a través del cual comunicar aquellas acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave, así como cualquier otro posible incumplimiento o contradicción de las normas internas de la organización.

La ley es de obligado cumplimiento para:

  • Empresas del sector privado con 50 o más empleados
  • Sujetos obligados según la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo con independencia del número de empleados

Pueden hacer uso del canal de la empresa:

  • Trabajadores contratados por la organización o autónomos que colaboren con ésta.
  • Accionistas
  • Miembros del consejo de dirección
  • Proveedores y contratas
  • Clientes
  • Competidores

En Winterman ponemos a disposición de nuestros clientes un canal de denuncia que permite el cumplimiento efectivo de la Ley 2/23 y hemos diseñado un sistema externalizado de gestión del canal y respuesta a respuesta a incidentes que cumple con las mejores prácticas en materia de compliance.

La gestión externalizada del canal, así como un óptimo protocolo de investigación interna son factores clave para atenuar o eximir de responsabilidades a la empresa que ha sido víctima de un delito en el seno de la organización.