El Gobierno afirma que los productos falsificados son un problema creciente desde los noventa

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha cifrado este lunes en 6.175 millones de euros las pérdidas que supone para el pequeño comercio la falsificación de patentes y marcas en España durante su intervención en una jornada contra la vulneración de los derechos de propiedad. Maroto también ha afirmado que los productos falsificados son un problema creciente desde los noventa. Además, la ministra ha adelantado que su Departamento trabaja en un plan para ofrecer alternativas laborales a los manteros para limitar las falsificaciones.

Maroto ha resaltado que las falsificaciones industriales ponen en peligro 67.000 puestos de trabajo. Además, conllevan la pérdida anual de 15.000 millones de euros en ingresos tributarios y contribuciones a la Seguridad Social en la Unión Europea, según un informe oficial. Los sectores que trabajan con marcas, patentes y derechos de propiedad industrial suponen un 42% del conjunto del PIB nacional, representan el 86% de las importaciones y más del 90% de las exportaciones españolas, y, además, representan el 38% del empleo, con salarios muy por encima del sueldo medio.

Reinserción de manteros

Entre los sectores con mayores pérdidas en su facturación por la falsificación de patentes y marcas se encuentran el textil (8,2%), el farmacéutico (7,6%), los productos de cosmética (16,2%), las bebidas (11,1%) y los smartphones (10%).

El plan de Industria buscará potenciar la coordinación entre todas las administraciones públicas con jueces y fiscales. También se impulsará la formación de los trabajadores de Aduanas y concienciar a los consumidores con diversas campañas publicitarias. Además, está previsto que el próximo viernes el Consejo de Ministros valide el proyecto de Ley de Marcas diseñado por Industria.

La ministra de Industria avanzó que el plan contendrá medidas para dar alternativas de empleo legal a los manteros y acotar la venta de productos falsos en internet. “Son vulnerables y nuestra obligación es protegerles y llevarles a un mercado de trabajo regulado”, insistió la ministra, quien recordó que en muchos casos estos vendedores no tienen otra forma de ganarse la vida y están en manos de mafias.